Lemes, Castro, García y Brito, entre otros, tendrán que declarar en calidad de investigados por los vertidos del Polígono del Valle de Guímar

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Entre los meses de enero y febrero de 2021 se celebrará el juicio por la causa de los vertidos contaminantes al mar en el Polígono Industrial de Güímar, causa en la que tendrán que declarar como investigados alcaldes y exalcaldes del Valle de Güímar, así como diferentes exconcejales, directores generales de Calidad Ambiental y Protección de la Naturaleza de la Viseconsejería de Medio Ambiente del Gobierno de Canarias (que actuaron como tales en el periodo estipulado en la investigación), gerentes del Consejo Insular de Aguas de Tenerife (CIATF) y responsables de las 4 empresas contaminantes del Polígono y señaladas en el auto.

La causa -reabierta en el año 2017 y declarada como “compleja”-,tiene visos finalmente de depurar responsabilidades en cuanto al daño medioambiental y humano ejercido por los investigados, según puede leerse en el auto del titular del juzgado de Primera Instancia nº1, Francisco Tuero González.

En el extenso informe se advierte de la existencia, desde el año 2007-, de vertidos “conocidos, continuados y no controlados” de aguas residuales industriales en el ámbito del mencionado polígono: “La Viseconsejería de Medio Ambiente constaba desde el 1 de agosto de 2007 con información, catalogada (…) en el Censo de vertidos desde Tierra al Mar, elaborado por la empresa Cívica Ingenieros SL, sobre la existencia en el Polígono Industrial de Güímar de dos vertidos no autorizados y otro autorizado (el emisario submarino) con deficiencias, mal estado general y elevada presencia de sólidos y gusanos de fuego, con afección en los tres supuestos valorada como grave”

17.918 es el número de folios que componen el informe pericial realizado por distintos peritos (que fue presentado el 5 de agosto de 2020) y en el que se matiza “que sí ha existido un riesgo evidente hacia la salud de las personas, el equilibrio de los sistemas naturales y la calidad de las aguas de baño”.

A medida que se avanza en la lectura del auto nos encontramos con explicaciones que corroboran el “abandono del sistema de impulsión y tratamiento de las aguas residuales industriales”, además de cómo “la ausencia total de mantenimiento en aquellas instalaciones y la grave situación de deterioro, ausencia de funcionamiento y proliferación de vertidos fue constatada en diversas inspecciones y denuncias”.

Por otro lado, los peritos señalan que “no ha existido, al menos desde el año 2011, un tratamiento de las aguas antes de llegar al medio receptor, al encontrarse las instalaciones de la cabecera del Emisario en estado de abandono y observarse concentraciones en la entrada de la planta de pretratamiento iguales a las que se encuentran a la salida del Emisario, constatando que en todas las valoraciones analíticas que se han hecho en la zona y a los efluentes líquidos del emisario en diferentes puntos muestran no sólo un incumplimiento de la normativa vigente (Decreto 174/1994 del Reglamento de Control de Vertidos para la Protección del Dominio Público Hidráulico y Real Decreto 509/1996 de Normas aplicables al Tratamiento de las Aguas Residuales Urbanas),sino además valores que superan en muchos casos en 10 veces los límites admisibles de diversos parámetros, como la DB05, la DQO o los sólidos en suspensión, y que, en algunos casos, superan en 100 veces el valor límite admisible de la bacteria de origen fecal E. coli, mientras que los resultados de los análisis de las aguas de alcantarillado realizados muestran concentraciones altas de contaminantes (coliformes, nitratos, sólidos en suspensión y cambios de PH) perjudiciales para la salud medioambiental y humana, generando una fertilización del medio receptor y modificando el ecosistema marino, localizando también concentraciones significativas de diferentes metales y químicos perjudiciales, como el plomo, que pueden dañar y modificar el ecosistema marino, así como generar enfermedades y muertes de organismos marinos debido a sus propiedades cancerígenas y mutagénicas, pudiendo ingerirlo el ser humano al alimentarse con organismos recogidos cerca de la zona”.

De hecho, tendrán que comparecer ante el juez, entre los días 27 de enero y 4 de febrero, Antonio Daroca Vinuesa (secretario del Consejo Rector y Comité Ejecutivo de la Asociación Mixta de Compensación del Polígono de Güímar), Rosendo Elías Batista García (exconcejal de Arafo), Luis Domingo Marrero Ferrera (concejal de Arafo), José Juan Lemes Expósito (exalcalde de Arafo), Domingo Tomás Ramos Días (exconcejal de Urbanismo de Candelaria), Fernando Alduán Guerra (exconcejal de Urbanismo y Medioambiente de Candelaria), José Gumersindo García Trujillo (exalcalde de Candelaria), María Concepción Brito Núñez (alcaldesa de Candelaria), Francisco Javier Del Rosario Delgado (exconcejal Urbanismo de Güímar), Carmen Luisa Castro Dorta (exalcaldesa de Güímar), José Fernández Bethencourt (Gerente Consejo Insular de Aguas de Tenerife CIATF 2015), Javier Davarra Méndez (Gerente CIATF). Además de estas personas, también deberán de personarse en el juzgado en calidad de investigadas aquellas designadas por las empresas contaminantes Ifco, José Sánchez Peñate SA (JSP), Ropa Rent, Aluminios Candido SA (ALUCAN) y Ten Asfaltos. Así mismo, también deberán presentarse en el juzgado –una vez designadas- aquellas personas que tuviesen algún tipo de responsabilidad en lo que a las decisiones de la Viseconsejería de Medioambiente compete.

Denuncia de SSP e IU en el año 2017

Los hechos que han dado como resultado que los investigados respondan ante la causa abierta por delito continuado contra el medioambiente y con riesgo para la salud de las personas, responden a las pesquisas que siguieron a la denuncia presentada hace 3 años por los partidos políticos Sí Se Puede (SSP) e Izquierda Unida (IUC) a raíz de la caótica situación derivada de la ausencia de tratamientos de aguas en el Polígono Industrial de Güímar, una situación que venía de atrás, tal y como alertó en su día y en diferentes medios de comunicación el biólogo, concejal del Ayuntamiento de Candelaria por SSP, Agustín Espinosa, “la estación de tratamiento primario, previa al emisario, se encuentra expoliada e inservible, incluso está vallada por parte de la policía local porque no tiene puertas. Desde Sí se puede llevamos años denunciando la grave situación medioambiental que viene sufriendo el litoral del Valle de Güímar en cuanto a vertidos de aguas industriales y fecales”. Además, añadía “es lógico que no tenga el permiso de la viceconsejería para verter, porque no hay control alguno sobre estas aguas Industriales que carecen de las analíticas pertinentes lo que, unido al deterioro de la estación y a otros dos puntos cercanos por donde salen aguas fecales directamente a la línea de marea, hacen de esta una situación desde un punto de vista medioambiental y sanitario insostenible”


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