Fondos vendrán que se perderán

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Oscar Izquierdo

Presidente de FEPECO

Está sobradamente demostrado que la Administración Pública canaria, en sus distintos niveles territoriales, no está preparada para afrontar los desafíos que nos están agobiando de manera directa, a saber, problemas sanitarios, personales, económicos o sociales. El propio consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad del Gobierno de Canarias reconoció, el 28 de octubre del año pasado, en el pleno del Parlamento Autonómico, que la actual administración no sirve y hay que vivir en el cambio. Ya es un avance admitir que algo no va bien, porque debe ser el principio de la resolución del problema.

El mayor obstáculo que nos encontramos, para tener una actividad económica fluida y rentable es contar, no al lado sino en frente, a una administración obsoleta, entorpecedora, anticuada y paralizadora. No sólo lo sufre el tejido empresarial, sino cualquier ciudadano que tenga que realizar gestiones burocráticas por sencillas que sean. Cuando se va a resolver un asunto, hay que llevar en un bolsillo la pastilla para la tensión y en el otro un tranquilizante, para no perder los nervios, mantener la calma y hacer un ejercicio supremo de paciencia.

El reto tecnológico todavía no se ha asumido con suficiencia, sólo parcialmente, con parches y mal coordinado. Tener un ordenador sobre la mesa, no significa que estén integrados los procesos digitalizados, en algunos casos, parecen más floreros que un medio moderno de gestión pública. En una sociedad digitalizada, donde todo es inmediato, a lo cual ya estamos acostumbrados, todavía padecemos procedimientos administrativos, en su gestión y tiempos de resolución, más propios del siglo XIX, que del que vivimos actualmente. Lo de el “vuelva usted mañana” de Mariano José de Larra en 1833, está no solamente actual, sino que incluso se supera con creces, porque la tardanza no es de un día, sino de meses e incluso de años y eso lo pueden corroborar las empresas del sector de la construcción, que están a la espera de la concesión de licencias de obras. Eternizadas en los despachos, esperando informes sectoriales, que llegan después de meses de espera, junto a la dilación en los tiempos de promulgar el dictamen definitivo.   En vez de avanzar en una modernización, más necesaria que nunca, estamos estancados, sin visos de ver algún remedio inmediato.

Se hace imprescindible actualizar, remozar, rejuvenecer y renovar, una función pública, para que sea útil. Hay desafíos que se tienen que afrontar con garantías y eso significa, mayor preparación profesional, mejores y suficientes medios materiales, así como una simplificación en los procedimientos, que actualmente son una maraña difícil de desembrollar. Buscando el garantismo y la seguridad jurídica, se ha logrado precisamente lo contrario. Las empresas, cada vez peor, están al albur de como funcione el departamento que le corresponda para solventar la autorización, permiso o licencia que espera con ansia o lo que es peor, a estar en medio de interpretaciones personales de la norma e incluso a padecer retrasos por enfrentamientos interdepartamentales en los criterios a aplicar en el caso concreto. Insistimos que la Función Pública tiene que ir pareciéndose cada vez más, a la forma de trabajar de la iniciativa privada, donde los asuntos se resuelven con diligencia, demostrando todos los días la capacitación para estar en un cargo o puesto determinado, utilizando procedimientos de trámite novedosos, aportando renovados sistemas de hacer, con métodos de última generación. Vendrán fondos de Madrid y de Europa para Canarias, que volveremos a desperdiciar, porque no se tiene la capacidad necesaria para gestionarlos en tiempo y forma. Claro que hay solución, se trata de tener la valentía adecuada para arreglar lo que sabemos que no funciona, pero se tiene miedo de afrontarlo, es lo que se llama un alto coste político.


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