El Ayuntamiento de Güímar aclara la situación planteada por la “imposición” de la firma de convenio sobre el emisario del Polígono de Güímar,

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El Ayuntamiento de Güímar no se niega a firmarlo, sino que quiere imponer condiciones, pues si el Cabildo lo entregó sin cumplir con la Directiva de Vertidos

Este Ayuntamiento emite la siguiente nota aclaratoria para que todos nuestros vecinos y vecinas puedan comprender cual es la situación actual del emisario del Polígono Industrial del Valle de Güímar.

En el año 2013 el Cabildo entregó la urbanización del Polígono a los tres Ayuntamientos (Arafo, Candelaria y Güímar), incluido el emisario, que es una instalación donde se reconducen no solo las aguas negras de las empresas, sino los productos que estás generan en su gestión diaria.

Pues bien dicha instalación se recibió y se ocultó por quien la entregó que la misma no cumplía con la Directiva de Vertidos, y, que, por otro se hallaba en muy malas condiciones.

Todo ello ha llevado a la emisión de múltiples escritos, convenios, etc, dirigidos al Cabildo para reconducir la situación.

Ahora se trata de construir una Depuradora para la depuración de las aguas industriales, que es la única posibilidad que admite la Ley para legalizar la actual instalación del emisario – que conocemos con el nombre de cabecera o Estación de pretratamiento-.

Mientras se construye, el Cabildo Insular nos obliga a firmar un Convenio por el cual los tres Ayuntamientos nos debemos hacer cargo del coste de las reparaciones – lo que hasta hora hemos hecho puntualmente- en dicha cabecera y de su mantenimiento hasta que se construya la Depuradora de aguas residuales Industriales.

El Ayuntamiento de Güímar no se niega a firmarlo, sino que quiere imponer condiciones, pues si el Cabildo lo entregó sin cumplir con la Directiva de Vertidos, es decir, sin haberlo adaptado a la legalidad vigente,  y este Ayuntamiento ha de costear los gastos para su legalización, tiene que quedar claro quien al final le va a devolver ese dinero invertido al Ayuntamiento. Y ese es el problema que actualmente está planteado y que mantiene bloqueada la situación, ante la negativa del Consejo Insular de Aguas de hacerse cargo de los referidos gastos.

Por otro lado, el órgano que autoriza la puesta en funcionamiento de la actual instalación ilegal, – cabecera del emisario- , que es la Viceconsejería de Medio Ambiente del Gobierno de Canarias, dice que dará una autorización “provisional” hasta que se haga la Depuradora, pero que este Ayuntamiento debe firmar el Convenio.

Finalmente, este Ayuntamiento no le queda otra que firmar el Convenio, lo que se ha pedido tiempo para hacerlo, puesto que los informes a emitir por los servicios jurídicos y económicos son desfavorables, y, además, se requiere un acuerdo adoptado por mayoría absoluta. Ese último extremo y dadas las fechas, hace que deba demorarse su aprobación hasta después de las Elecciones, concretamente, hasta la constitución del nuevo gobierno municipal el día 15 de junio, puesto que la Ley prohíbe hasta entonces adoptar acuerdos de mayorías absolutas.

 

 

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